El crecimiento del narcotráfico y la guerrilla

El proceso de cambio trajo consigo nuevos problemas políticos, económicos y sociales, derivados del desarrollo desigual, de las ganancias desiguales y de la creciente percepción de que los beneficios de un mayor ingreso no eran ampliamente compartidos. Desde 1974 se ha avanzado poco en estas cuestiones; sin embargo, la economía colombiana ha crecido a pesar de la omnipresente violencia, alimentada tanto por las insurgencias de la guerrilla como por el tráfico de narcóticos.

Cuando la era del Frente Nacional llegaba a su fin, surgió un nuevo problema en Colombia: los narcóticos. El papel del país como proveedor en el mercado internacional de drogas se desarrolló rápidamente tras los grandes esfuerzos de interdicción lanzados por las autoridades de México en 1975. Colombia no tardó en suministrar hasta siete décimas partes de la marihuana que se importaba a Estados Unidos. Aprovechando los beneficios de la marihuana, los líderes de la droga -especialmente de Medellín- se diversificaron hacia el tráfico de cocaína, y los envíos pasaron de ser de individuos que transportaban pequeñas cantidades a grandes cantidades en barcos y aviones de bajo vuelo. De este comercio ilícito y lucrativo surgieron dos grandes organizaciones de tipo mafioso, denominadas cárteles de la droga: la primera en Medellín, dirigida por Pablo Escobar, y la segunda en Cali.

En la esfera política, la transición del Frente Nacional a la competencia política moderada entre liberales y conservadores en 1974 fue razonablemente suave. Alfonso López Michelsen, del Partido Liberal, cumplió su mandato de cuatro años como presidente (1974-78) y entregó el poder a Julio César Turbay Ayala, un liberal centrista. Los bajos índices de participación electoral continuaron, manteniendo vivo el temor de que se buscaran alternativas militares a las elecciones democráticas desde la derecha o la izquierda.

En 1982, sin embargo, el voto liberal se dividió, y Belisario Betancur Cuartas, el candidato conservador, fue elegido presidente. Su presidencia se vio empañada por extremos de violencia que pusieron a prueba el compromiso a largo plazo de Colombia con la democracia. En 1984, individuos vinculados al tráfico internacional de drogas asesinaron al ministro de Justicia. Al año siguiente, guerrilleros del M-19 entraron en el Palacio de Justicia de Bogotá y tomaron decenas de rehenes; cuando los militares asaltaron el edificio, murieron unas 100 personas, incluida la mitad de los magistrados de la Corte Suprema. Estos sucesos apuntaban a un ominoso crecimiento del poder de los narcotraficantes y a una aparente incapacidad del gobierno para controlar las actividades terroristas.

William Paul McGreevey

Betancur intentó acabar con la violencia de la guerrilla. En noviembre de 1982 firmó una ley que concedía la amnistía a casi todos los insurgentes, y en los años siguientes logró convencer a las FARC y al M-19 de que firmaran acuerdos de alto el fuego. Al mismo tiempo se produjo un aumento de los grupos parapoliciales en el país, que, según el punto de vista, se denominaron organizaciones de «autodefensa» o «paramilitares». En muchos casos, estos grupos representaban los intentos de los terratenientes de protegerse de la guerrilla. A menudo el ejército colombiano ayudaba a equipar y entrenar a los grupos, que existían dentro de la ley y habían sido alentados por el gobierno desde la década de 1960.

La presidencia de Virgilio Barco Vargas, antiguo alcalde de Bogotá, comenzó en agosto de 1986 con la esperanza de mejorar el orden civil, pero en su lugar los grupos guerrilleros se volvieron más activos que nunca, y los grupos paramilitares causaron incluso más muertes que los insurgentes de izquierda. Los grupos de narcotraficantes, especialmente el cartel de Medellín, también empezaron a utilizar el terror para aumentar su poder de negociación con el gobierno. Como resultado, el homicidio se convirtió en la principal causa de muerte en el país y 1989 fue el año más violento de la brutal historia de Colombia, con más muertes per cápita a causa de la violencia que durante cualquier año de La Violencia.

El otro reto principal de Barco fue revertir el declive a largo plazo de la tasa de crecimiento económico, que se vio confundido por la baja eficiencia en la fabricación. El descubrimiento en 1985 de una gran reserva de petróleo fue un gran impulso para mejorar la economía y reducir la dependencia de Colombia de las fuentes de energía externas.

El narcotráfico, aunque siempre fue un problema político, a veces fue un activo económico, haciendo que las balanzas comerciales anuales fueran positivas cuando eran negativas para los bienes legales. Además, a medida que los narcotraficantes se enriquecían, gastaban dinero refinando cocaína, organizando grupos de protección y construyendo edificios (tanto residenciales como comerciales), beneficiando irónicamente a más colombianos que a la economía legítima.

En la campaña presidencial de 1990, tres candidatos presidenciales, incluido el liberal Luis Carlos Galán, líder en las encuestas, y cientos de personas fueron asesinadas por los narcotraficantes en una reacción contra el endurecimiento de las políticas de narcotráfico. Sin embargo, a pesar de las amenazas de terrorismo, cerca de la mitad de la población votó en las pacíficas elecciones de mayo, que ganó el ex ministro de finanzas y candidato de línea dura contra las drogas, César Gaviria Trujillo, del Partido Liberal.

Durante los años de Gaviria, la cuestión de la violencia continua se abordó más que nunca. El presidente desempeñó un papel destacado al convocar una asamblea constituyente, que sustituyó la constitución de 1886 por la de 1991; al negociar con las FARC y el ELN, especialmente en Caracas (Venezuela) en 1991 y en Tlaxcala (México) en 1992; y al llegar a acuerdos con los jefes de los cárteles de la droga y con los líderes paramilitares.

Los cambios constitucionales fueron significativos, al menos sobre el papel. Los presidentes, que estaban limitados a un mandato, debían ser elegidos por mayoría absoluta, con una segunda vuelta si era necesario. El Senado debía ser elegido por una circunscripción nacional, lo que en teoría daba a los partidos minoritarios la posibilidad de elegir un senador con sólo el 1% de los votos. Se instituyeron nuevos derechos electorales (incluyendo la iniciativa y la revocación), y se creó una nueva Fiscalía para que el sistema judicial colombiano se pareciera más al de Estados Unidos.

Las negociaciones de Gaviria con los grupos guerrilleros no dieron lugar a ningún acuerdo. La negociación de los cargos condujo a la entrega de la mayoría de los líderes del grupo narcotraficante de Medellín, aunque el más notable, Pablo Escobar, escapó después de sólo 13 meses en la cárcel. (Tras una extensa persecución, Escobar fue asesinado poco después por las fuerzas gubernamentales). Las estadísticas indican que las actividades violentas eran tan comunes al final de los años de Gaviria como antes, a pesar de los intentos de negociar la paz.

El gobierno de Gaviria continuó la apertura económica iniciada por Barco. En consonancia con el ánimo neoliberal en toda América Latina, los colombianos iniciaron un nuevo orden económico, con menores aranceles a las importaciones, menos subsidios a los pobres y un menor papel del gobierno en la economía. El hecho de que Colombia privatizara menos industrias estatales que otros países latinoamericanos no indicaba un menor entusiasmo por el orden neoliberal, sino que reflejaba un menor nivel de propiedad gubernamental inicial.

Las elecciones presidenciales de 1994, las primeras bajo la nueva constitución, fueron ganadas en segunda vuelta por Ernesto Samper Pizano, un liberal, sobre el candidato conservador, Andrés Pastrana. Todo el mandato de Samper se vio empañado por la acusación de Pastrana de que tenía un audio en el que los asesores de Samper negociaban con representantes de la mafia del narcotráfico de Cali para obtener contribuciones a la campaña. Irónicamente, durante la presidencia de Samper los líderes del cartel de Cali se entregaron, fueron juzgados y enviados a la cárcel.

Aunque el Congreso se negó posteriormente a destituir a Samper, éste fue considerado culpable por las guerrillas y unidades paramilitares extralegales y por el gobierno de Estados Unidos. La violencia aumentó con respecto a los niveles anteriores, y los grupos paramilitares, bajo el liderazgo de Carlos Castaño, fundaron una organización nacional llamada Autodefensas Unidas de Colombia, que llevaba las iniciales de su grupo (AUC) en sus trajes de combate, pero solía llevar pasamontañas para ocultar su identidad.

Las elecciones de 1998 fueron ganadas por Andrés Pastrana, cuyos primeros años en el cargo incluyeron controvertidos intentos de negociar con las FARC y el ELN, como concederles el control de facto de una gran parte del estado sureño de Caquetá. También durante ese periodo la economía colombiana entró en su peor recesión desde la Gran Depresión.

Harvey F. Kline

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